“Son tres las
leyes: una que crea los tribunales de migración y otra que crea un monitoreo de
precios, con las cuales estamos de acuerdo; y otra que quiere modificar la ley
de la defensa de la competencia con la que estamos en total desacuerdo. La ley
de abastecimiento es inconstitucional y genera una intromisión espantosa del
gobierno en la empresa. A través del secretario de comercio el gobierno tendría
facultades para obligar a producir determinados artículos, venderle productos
suyos sin procedimiento previo, pedirle toda la información que tiene la
empresa, entre otras cuestiones. La ley de reorganización endógena venezolana
es muy parecida a la modificación que quiere hacer el gobierno, y sabemos lo
mal que terminó la economía venezolana. No sería correcto hablar de una década
perdida sino de una década partida. Devaluar es sólo un paliativo, y el
gobierno no puede vivir de devaluación en devaluación.”
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